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Perú: 2017: entre los conflictos y el destrabe Imprimeix Correu electrònic
dimecres, 18 de gener de 2017 01:01

Fuente: Servindi/ Por Patricia Saavedra

El año 2017 comienza con más de 200 conflictos sociales de pendiente resolución. Últimos gobiernos no han encontrado un equilibrio entre inversiones y estabilidad social. ¿Encontrará el actual gobierno una estrategia clara para su prevención?

Perú 2017

 Servindi, 10 de enero, 2017.- El 2017 recibe a Pedro Pablo Kuczynski con más de 200 conflictos sociales entre activos y latentes, de acuerdo al último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo. Así, el organismo identificó 213 conflictos en el mes de noviembre de 2016.

Sin embargo, esta situación que se ha mantenido durante los últimos años ha desafiado a los últimos gobiernos incluyendo al actual, incluso en los meses de instalación e inicio de su gestión.

Kuczynski, con menos de cinco meses de gestión, debió afrontar el conflicto Las Bambas, en Apurímac, y Saramurillo, en Loreto, por mencionar los de mayor magnitud a la fecha.

El primero es actualmente el proyecto minero más grande del país cuyas reglas de juego fueron modificadas hasta en cuatro ocasiones a través de la aplicación del Instrumento Técnico Sustentatorio (ITS). Las consecuencias: desconfianza, temor, enfrentamientos e incluso un fallecido.

El segundo es el resultado de más de cuarenta años de omisión y negligencia frente a los desastres petroleros en la Amazonía. Los reiterados derrames sin atención se convirtieron, literalmente, en la gota —de petróleo— que rebalsó la paciencia de las comunidades afectadas.

 

Ambos conflictos se relacionan a actividades extractivas, tanto de actores privados como estatales. Si bien los dos casos han llegado momentáneamente a buen puerto, si —y solo si— el Estado cumple con sus compromisos, de acuerdo al 19° reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) no se vislumbra una estrategia clara desde el Ejecutivo respecto al abordaje de los conflictos como a su prevención.

Recordemos además que existen otros factores que contribuyen a la conflictividad social, tales como los convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras.

Ante ello diversas instituciones observaron distorsión de la función policial, su privatización e incluso la mercenarización de la policía, como lo denominan algunos especialistas. De acuerdo al OCM no bastaría solo una revisión o publicidad de estos convenios sino que se requiere de reformas más profundas.

Otro factor en la generación de conflictos son los llamados paquetazos ambientales, los cuales operan a través de dispositivos legales y técnicos que limitan la función de los organismos fiscalizadores en materia ambiental. De igual forma, debilitan la capacidad de consulta y participación de todos los involucrados, especialmente las comunidades.

Uno de estos instrumentos es el ITS, el cual, en el caso de Las Bambas, dio lugar a cuatro cambios en el proyecto y no necesariamente menores, de acuerdo reportó el OCM.

Debido a que casi el 70 por ciento de conflictos del país son socioambientales, el país debería ya tener un estrategia clara frente a esta larga lista de casos que podrían agravarse e incrementarse. Esto sin dejar de lado otros temas latentes y potenciales como los conflictos en torno al agua o el despojo sistemático de tierras comunales promovidos por emprendimientos como los monocultivos de palma aceitera alentados por el Estado peruano.

¿Hay que elegir entre el destrabe y los conflictos? ¿Deben superponerse unos intereses a otros? De acuerdo a James Rodríguez, apu o jefe de Saramurillo, al concluir la mesa de Saramurillo dijo al diario La República que el resultado alcanzado es un triunfo tanto para las comunidades como para el gobierno. Es decir una ganancia para ambos. ¿Será éste el camino a seguir?

Dato

De acuerdo al último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo (N° 153), a noviembre del 2016, la mayor cantidad de conflictos se concentraron en las regiones de Apurímac (25 casos), Áncash (23) y Cusco (19).