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La mundialización de la cuestión indígena: Problemáticas, retos y esperanzas. Imprimeix Correu electrònic
Drets indígenes - Drets indígenes
divendres, 21 de gener de 2011 11:49

Tags: Drets humans | indígenes

Sabine Kradolfer
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Nacional de Río Negro (Argentina)

Rendir cuentas en pocas páginas de la cuestión indígena a nivel mundial hubiera sido imposible hace unas pocas décadas. Si hoy día se puede escribir sobre el tema - y si pasó a ser un tema - se debe al hecho de que, desde los años 80, se puede hablar de pueblos indígenas y de reivindicaciones colectivas a nivel mundial, uniendo así bajo el lema de “una lucha unificada” a más de 350 millones de personas pertenecientes a unos 5000 pueblos.

Aunque la primera visión que podemos tener del mundo indígena es la de unas aldeas situadas en zonas periféricas (desiertos, selva, monte, etc.) sobre las cuales nosotros, los/as antropólogos/as hemos escrito miles de libros, tenemos que revisar a fondo esta visión. Los procesos de mundialización también afectaron a las sociedades más tradicionales, la mayoría de l@s indígenas vive en ciudades y grandes capitales, much@s de ell@s han migrado a otros países en busca de un futuro mejor, y día a día, gracias a las tecnologías de la comunicación, están informando un@s a otr@s sobre los problemas que se dan con el desalojo de sus tierras, la contaminación del medio-ambiente, los enfrentamientos con las empresas multinacionales o los Estados, las matanzas o los genocidios poblacionales y los etnocidios culturales. Si las reivindicaciones indígenas ocupan hoy un espacio importante dentro de las políticas públicas nacionales e internacionales es, ante todo, porque desde los años 70 las Naciones Unidas empezaron a prestarle importancia gracias a un importante trabajo de lobbying por parte de las delegaciones indígenas apoyadas por numerosas ONGs.

Definiendo los pueblos indígenas

En 1971, ante las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos provenientes de sectores indígenas, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) nombró a José Martínez Cobo como Relator Especial y le encargó el « Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas » que fue publicado entre 1981 y 1983[1]. En este documento se propone una definición de trabajo de lo que son los pueblos indígenas, como nueva categoría jurídica que surge en este contexto particular: « Comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellas que, poseyendo una continuidad histórica con las sociedades pre-invasoras y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran disímiles de otros sectores de las sociedades dominantes en aquellos territorios o parte de los mismos. Ellos componen  actualmente sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base para su continuidad como pueblos en conformidad a sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales ». Esta definición sigue siendo la más utilizada, ya que los mismos pueblos indígenas consideran que no puede haber una definición acabada que correría el riesgo de dejar a fuera a ciertos grupos. De manera paradójica, todos los textos legales producidos en este ámbito por la ONU hablan de pueblos indígenas sin definirlos de manera formal.

Pueblos indígenas, ONGs y Naciones Unidas

En 1982, el primer órgano dedicado a la problemática indígena fue creado en la ONU: el Grupo de Trabajo Sobre las Poblaciones Indígenas (GTPI) y unos 20 años después se estableció el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Estos órganos reúnen a las delegaciones indígenas[2] y a los estados para debatir a nivel mundial los problemas con los cuales se enfrentan los indígenas. Estos gozan del apoyo de varias ONGs y en muchos casos también crearon sus propias quienes, al ser reconocidas por el ECOSOC, les permiten conseguir acreditaciones permanentes y estar presente en numerosos foros de la ONU donde se tratan temas relacionados con l@s indígenas: la salud intercultural en la OMS, el medio ambiente y la biodiversidad en la UNESCO, los conocimientos tradicionales y expresiones culturales en la OMPI, etc.

 

A nivel legal internacional, en 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio n°169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes[3] y en 2007, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[4] fue aprobada por la Asamblea General de la ONU. La redacción de esta declaración fue a cargo del GTPI entre 1985 y 1993 y su revisión ocupó al Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración entre 1995 y 2006. Aunque la Declaración fue votada hace poco, el impacto de los trabajos jurídicos llevados a cabo dentro de los diferentes órganos de la ONU hicieron que numerosos países, que cuentan con la presencia de pueblos indígenas en sus territorios, se inspiraran en los debates en la ONU dentro de sus legislaciones o constituciones (varios países de América latina revisaron sus constituciones a finales del siglo XX e introdujeron el reconocimiento del multiculturalismo o multinacionalismo). El otro texto importante, el Convenio 169 de la OIT, fue el primero en reconocer las instituciones y costumbres indígenas, la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan a su desarrollo económico, los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, etc. Hasta la fecha de hoy, solo 22 países ratificaron este convenio, lo que demuestra la dificultad para integrar derechos particulares dentro de los sistemas jurídicos nacionales.

 

Dibujando un futuro mejor para los pueblos indígenas

En la Declaración aparecen las reivindicaciones más importantes para los pueblos indígenas que se vienen discutiendo hace ahora unos decenios y de las cuales la gran mayoría todavía no ha encontrado soluciones, o soluciones muy diferentes según los países o regiones. El tema sobresaliente de la Declaración, y el hecho mismo de necesitar otro texto que el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, llama la atención hacia la principal demanda indígena: la necesidad de no apelar a derechos individuales, sino de elaborar un cuadro jurídico para los pueblos, o sea, de obtener derechos colectivos. Estos derechos retoman parte de los derechos individuales (igualdad ante la ley) pero también hacen surgir nuevas demandas características de este cuadro legal novedoso. Si la mayoría de los estados votaron la Declaración (143), otros se abstuvieron (11) y cuatro votaron en contra (Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia), considerando que los derechos colectivos otorgados a los pueblos indígenas entran en conflicto con los del resto de la población y con el marco constitucional[5]. Los dos elementos más problemáticos son sin duda ninguna, el derecho a la autodeterminación y los derechos territoriales. En cuanto al primero, ciertos estados temen que se pueda interpretar como un derecho a la separación territorial, creándose así « estados » indígenas dentro de sus territorios nacionales. Dentro del discurso indígena, la Madre Tierra ocupa un lugar particular ya que es uno de los elementos que los identifica como diferentes a las otras poblaciones. Su visión particular del mundo y de la naturaleza donde los hombres están en una relación estrecha con la tierra llevó a la elaboración de unos artículos sobre derechos territoriales: « Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma » (Art 26/2) y en caso de que estos territorios « hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado », los pueblos indígenas « tienen derecho a la reparación » (Art 28). Cuando miramos a los principales conflictos que oponen indígenas, estados y empresas multinacionales, gran parte de ellos tienen que ver con el impacto medio-ambiental de las industrias extractivas, de la construcción de represas hidroeléctricas, del turismo, etc. Tener que resarcir a un pueblo indígena, u obtener su consentimiento libre, previo e informado, presenta para muchos estados el peligro de no poder llevar a cabo su desarrollo económico como lo entienden… o sea, siguiendo contaminando, arrinconando, desplazando, matando (directamente o indirectamente) a ciertos sectores más desprotegidos de su población nacional. Para los pueblos indígenas, sus otros derechos fundamentales derivan de la autodeterminación y de los derechos territoriales: el acceso a un desarrollo propio, la participación política, la educación y la salud intercultural, las posibilidades de empleo, etc.



[1] http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/spdaip.html

[2] Como varios estados no respondieron debidamente cuando la ONU investigó acerca de la situación de los pueblos indígenas, se decidió a convocar a los representantes de los pueblos para que fueran a plantear sus problemas ante la ONU, utilizando procesos de acreditación mucho más livianos que para otros órganos.

[3] Los pueblos indígenas de África son, a veces, nombrados como « pueblos tribales ».

[4] http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html

[5] Si 143 países votaron a favor de la Declaración mientras solo 22 ratificaron el Convenio 169 de la OIT, la diferencia se debe al hecho que la Declaración no es vinculante : aún siendo países que hayan votado a favor, pueden  no aplicar la Declaración dentro de su derecho positivo.