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Brasil: Indígenas denuncian su desprotección ante los megaproyectos del Estado Imprimeix Correu electrònic
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dijous, 24 d'abril de 2014 17:28

Grupos indígenas de Brasil denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) la desprotección que dicen sufrir ante la adjudicación y ejecución de megaproyectos por parte del Estado brasileño.

El representante de la organización Justicia Global, Eduardo Baker, indicó ante los comisionados que "en teoría" los estamentos judiciales brasileños contemplan "la protección de los derechos" de estas comunidades, pero "cuando se trata de megaproyectos de desarrollo o de crecimiento económico" quedan desprotegidas.
Baker explicó que la aplicación de una excepción del ordenamiento que permite a la administración solicitar la suspensión de decisiones judiciales crea "un microsistema de recursos
que desequilibra la situación en favor del Estado" y tiene "efectos perversos".


Como ejemplo de estas medidas, Josias Mundurukú, líder del pueblo indígena Mundurukú del
Brasil, relató ante la comisión las consecuencias que está sufriendo su aldea, compuesta por unas 240 familias, debido a la construcción de cinco diques en varios de los ríos de su zona, así como la puesta en marcha de una línea de ferrocarril.
Según detallaron, una orden judicial paralizó durante 45 días las obras de dichas vías, pero a través del mecanismo de suspensión se reanudaron y ejecutaron finalmente.
Actualmente la aldea de Mundurukú, según su líder, padece los ruidos de las bocinas de los trenes que circulan y ya se han registrado varios atropellos y lesiones a causa de las nuevas vías.
Sin entrar en el caso específico de los pueblos indígenas, por su parte, los representantes del
Estado brasileño argumentaron que la figura jurídica de la suspensión obedece a la necesidad de
preservar el interés común ante una decisión concreta.
Sérgio Ramos de Matos Brito, abogado de la Federación del Estado de Brasil, explicó que el pedido de suspender una decisión judicial responde a la posibilidad de que dicho fallo cause daños a la economía, seguridad u orden público, y reiteró que se trata de "un instrumento más" que entra "dentro del debido proceso".
"Tal como otros procesos judiciales o jurídicos, el pedido de una suspensión es un pedido ante el
poder judicial por lo tanto es judicial por naturaleza", agregó, e insistió en que se hace con respeto a la Constitución brasileña. "En una primera evaluación con el instrumento que tenemos en cuenta podríamos compararla con el juicio de amparo, medida tradicional en otros países del continente", agregó Lourenço Paiva Gabina, coordinador general de Derecho Económico, Social e Infraestructura.
Según argumentó, este recurso se utiliza en situaciones en las que la ejecución del poder judicial
puede tener como consecuencia "perjuicios al interés público".
"En algunos casos cuando se defienden los intereses de la sociedad, la administración pública
puede ir a juicio para impedir procesos que puedan dañar a toda la población. (...) Y es congruente con la Convención Interamericana", añadió el letrado.